Santo Domingo. – El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, anunció que en las próximas semanas o meses será presentado un proyecto de ley que busca modernizar el proceso de constitución de sociedades comerciales en la República Dominicana, adecuándolo a los estándares del siglo XXI y a las mejores prácticas internacionales.
Durante una entrevista, Peralta señaló que el objetivo es simplificar y agilizar la creación de empresas, eliminando trámites burocráticos que han quedado obsoletos. “Mientras aquí se requerían hasta siete socios, múltiples papeleos y registros en tribunales e instituciones fiscales, en otros países una persona puede crear una empresa en una sola visita, incluso por internet”, explicó.
El nuevo proyecto propone facilitar esos procesos para incentivar la formalización, especialmente de pequeños y medianos emprendedores, y adecuar el marco legal dominicano al contexto tecnológico y comercial actual.
Diálogo del CES sobre Haití no involucra directamente a Consultoría Jurídica
Por otro lado, Peralta aclaró que la mesa de diálogo del Consejo Económico y Social (CES), que abordará temas relacionados con Haití, no está directamente bajo la competencia de la Consultoría Jurídica, al tratarse principalmente de temas de relaciones internacionales y laborales.
No obstante, el funcionario explicó en entrevista para el programa Uno Más Uno que, en caso de que de dicho diálogo surja alguna propuesta de legislación o instrumento legal que deba pasar al Congreso, la consultoría asumirá su revisión como parte del proceso institucional.
Consultado sobre la Ley que creó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Peralta reconoció que, aunque el órgano fue concebido como ente rector del sistema de transporte nacional, en la práctica varias dependencias estatales continúan operando de forma fragmentada.
“La ley existe, el órgano también, y si se requieren ajustes reglamentarios, la Consultoría Jurídica puede intervenir como ente colaborador”, expresó. Aclaró que hasta el momento no ha recibido ninguna solicitud formal para realizar reformas en ese sentido, y que los posibles problemas podrían estar más ligados a la aplicación que a la normativa vigente.
Finalmente, se refirió a cuestionamientos sobre la gestión de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), indicando que cualquier reforma estructural dependería también de la voluntad política y de las decisiones ejecutivas que deben pasar, eventualmente, por revisión jurídica.
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