Santo Domingo, R.D. – La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) solicitó formalmente a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) la anulación del pliego de condiciones de la licitación INTRANT-CCC-LPN-2025-001, correspondiente a la gestión y manejo del sistema de licencias de conducir, por considerar que vulnera principios constitucionales y legales en materia de contratación pública.
De acuerdo con la FJT, el pliego contiene requisitos desproporcionados e inconsistentes que podrían limitar la participación de potenciales oferentes, en violación a los principios de igualdad, razonabilidad, participación y libre competencia establecidos en la Constitución, la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su reglamento de aplicación No. 543-12.
Uno de los puntos más cuestionados es la exigencia de que los oferentes presenten una facturación mínima de cinco años, mientras que solo se requieren estados financieros correspondientes a los últimos tres años, generando una incongruencia normativa que, según la fundación, siembra incertidumbre jurídica y podría interpretarse como una barrera injusta para nuevos oferentes.
Asimismo, la FJT critica la disposición que obliga a los licitantes a conformar consorcios con fabricantes específicos de tarjetas de policarbonato e impresoras láser, bajo penalización de cinco puntos por cada documento no presentado, lo que en la práctica podría significar una pérdida automática de hasta diez puntos, afectando la evaluación y reduciendo significativamente las oportunidades de algunos participantes.
El vicepresidente ejecutivo de la FJT, Máximo Calzado Reyes, calificó estas condiciones como irracionales y lesivas a la libertad empresarial, afirmando que constituyen una restricción indebida al acceso equitativo en un proceso que debe estar regido por los principios de transparencia, pluralidad y participación.
“El pliego, tal como está formulado, favorece la concentración de oportunidades en unos pocos oferentes previamente alineados, contradiciendo el espíritu de competencia abierta que debe primar en toda licitación pública”, expresó Calzado Reyes.
La fundación exhortó a la DGCP a suspender de inmediato el proceso y realizar una revisión profunda del pliego, garantizando que todos los interesados puedan participar en igualdad de condiciones.
Asimismo, recordó que el pasado 10 de junio de 2025, fue instalada una Comisión de Veeduría de la Sociedad Civil para supervisar el proceso, la cual fue integrada por la DGCP y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), y llamó a sus miembros a ponderar con atención las preocupaciones planteadas, especialmente al tratarse de un contrato que involucra la suma de RD$8,175 millones.
Finalmente, la FJT advirtió que, de mantenerse el pliego en los términos actuales, no dudará en acudir a instancias administrativas, sociales o judiciales para garantizar que este proceso se lleve a cabo con transparencia, legalidad y apego a los principios constitucionales.
“Estaremos vigilantes. Este proceso no puede convertirse en un traje a la medida. La contratación pública es un pilar de la democracia y debe reflejar los valores de justicia y equidad que el país merece”, concluyó la organización.
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