SANTO DOMINGO,RD.-  El senador por San Juan, Félix Bautista propuso este miércoles que las conductas relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información dejen de castigarse con penas privativas de libertad y, en su lugar, sean sancionadas con medidas de carácter económico.

Durante su intervención en el Senado, el legislador sostuvo que varios países de la región han optado por ese modelo. Citó los casos de Argentina y Panamá, donde las sanciones son económicas; Perú, donde además se contemplan servicios sociales, y Nicaragua, donde afirmó que, pese al contexto político, tampoco existen penas de prisión para esos casos.

Bautista respaldó su planteamiento citando parte del discurso pronunciado recientemente por la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

“La libertad de expresión no es solamente una protección jurídica. Es el oxígeno de la democracia. Es la forma en que un pueblo libre delibera, discrepa, corrige el rumbo y exige responsabilidad al poder. Cuando se suprime la libertad de expresión, la libertad comienza a desgastarse”.

El senador también recordó que la Constitución dominicana consagra la libertad como un valor esencial en diversos artículos, entre ellos el 49, que garantiza el derecho de toda persona a expresar libremente sus ideas y opiniones, buscar, recibir y difundir información por cualquier medio, sin censura previa.

A su juicio, esas disposiciones constitucionales protegen las críticas, investigaciones, denuncias, publicaciones en medios de comunicación y redes sociales, al tiempo que constituyen una garantía para la fiscalización de los funcionarios públicos, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la democracia.

Bautista valoró además la creación de una comisión bicameral para estudiar las modificaciones a la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, al considerar que permitirá escuchar las propuestas de los distintos sectores de la sociedad.

Durante su intervención también hizo referencia a planteamientos del jurista Cristóbal Rodríguez, quien entiende que la reforma debe preservar principios fundamentales como la seguridad jurídica, la legalidad de las penas, la libertad de expresión, el derecho a la información y el respeto al principio de bicameralidad.

Según expuso, también deben eliminarse los tipos penales ambiguos o contradictorios que puedan entrar en conflicto con los derechos constitucionales, especialmente las disposiciones relativas a la difamación, la injuria y el denominado ultraje a funcionarios públicos, tomando en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión.

Rodríguez también planteó que, en el proceso de revisión del Código Penal, se analicen temas como la responsabilidad penal de las empresas, el ejercicio de la medicina, la violencia de género y las disposiciones relacionadas con el aborto.