Cándido Simón plantea anticipo de prueba y prisión preventiva contra implicado en el asesinato de la esposa de Julián Oro
El jurista dominicano analiza las contradicciones del acusado, advierte sobre la exhibición de imágenes explícitas en medios y proyecta penas acumuladas de hasta 60 años bajo el marco legal vigente.
SANTO DOMINGO, RD. – En una entrevista concedida al comunicador Ariel Lara para el espacio Visión RDN, el reconocido abogado penalista Cándido Simón, en representación legal del artista Julián Oro y su familia, ofreció un riguroso análisis jurídico y procesal sobre la investigación en torno al brutal asesinato de Ceneida Castillo.
Durante el diálogo, Simón abordó las contradicciones en las declaraciones de los implicados, las fallas en el manejo de evidencias por parte de plataformas digitales y las estrategias procesales que solicitará formalmente ante el sistema de justicia.
Aspectos clave del análisis procesal y técnico:
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Evaluación de la coautoría y versiones del imputado: Respecto a las declaraciones de un sospechoso que afirma haber acudido al lugar únicamente por un pago de 20,000 pesos para transportar a un tercero, Simón desestimó la verosimilitud de dicha justificación en términos de lógica conductual. Destacó que entrar al perímetro de la vivienda, presenciar el hecho sin buscar auxilio y pretender justificar la inacción por la presencia de una supuesta arma de fuego no lo exime de responsabilidad, constituyéndose en una clara coautoría o participación directa en el crimen.
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Manejo legal de las declaraciones e interrogatorios: Alertó que, conforme al Artículo 106 del Código Procesal Penal, las entrevistas realizadas de manera informal o por parte de la policía carecen de validez probatoria en sede judicial si no se efectúan ante un fiscal y con la presencia y asistencia de un abogado defensor.
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Propuesta de anticipo de prueba: Anunció que solicitará oportunamente al juez de la instrucción la realización de un anticipo de prueba. Este procedimiento consiste en habilitar una audiencia formal con la comparecencia de las partes para tomar la declaración del imputado en sede judicial, asegurando la validez del testimonio y evitando dilaciones innecesarias en el proceso.
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Solicitud de medida de coerción y cómputo de penas: A pesar de declararse no partidario del uso exesivo de la prisión preventiva, consideró que dada la gravedad, magnitud y naturaleza atroz del hecho, la prisión preventiva es la única medida cautelar adecuada. Precisó que por el cómputo de infracciones —que incluye asociación de malhechores, incursión en domicilio ajeno, tortura y homicidio agravado— la parte querellante procurará la pena máxima acumulada de 60 años de prisión.
Llamado sobre la ética mediática y la libertad de expresión:
En el plano comunicativo y ético, el jurista formuló una advertencia de buena fe a los creadores de contenido y medios digitales sobre la difusión de imágenes explícitas de la víctima en la escena del crimen. Recordó que la legislación dominicana proscribe la exhibición pública de imágenes de personas fallecidas en tales circunstancias sin la autorización expresa de sus familiares.
Finalmente, Simón diferenció la protección a la libertad de prensa y el derecho a la información veraz de la difamación y la extorsión en plataformas digitales, instando a las autoridades a aplicar sanciones administrativas y económicas estrictas contra el contenido abusivo sin recurrir a la censura previa sobre el ejercicio periodístico responsable.
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